Por: Ing. Leonardo Pereira G.

Han pasado más de cuatro años desde que venció el plazo inicialmente pactado con la empresa Triple A, a la que se le entregó, por veinte años, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Soledad. Sin embargo, desde 2021 hemos sido testigos de una cadena de prórrogas otorgadas a cuentagotas, sin que medie un debate público serio, amplio y verdaderamente participativo sobre el futuro del agua en el municipio.

Esta situación ha impedido la construcción colectiva de un modelo claro y sostenible para la prestación del servicio de agua, que, independientemente de quién lo opere, garantice no solo calidad, continuidad, cobertura y tarifas justas para los usuarios, sino también la generación de beneficios financieros, sociales y ambientales para Soledad.

El agua como eje del desarrollo urbano

Resulta preocupante que una decisión de semejante trascendencia —porque el agua no es cualquier servicio, es un derecho fundamental y un bien común— continúe a la deriva sin un norte o un panorama claro. Soledad como el tercer centro urbano más poblado del Caribe Colombiano, merece discutir, con transparencia y rigor, cuál es el modelo más conveniente para el crecimiento y la competitividad de la ciudad.

No se trata simplemente de definir quién opera el sistema. Se trata de decidir qué ciudad queremos construir y bajo qué principios debe gestionarse un recurso vital para la vida y el desarrollo.

Una decisión que marcará 30 años

Estamos ante una encrucijada histórica. Lo que se defina hoy marcará el destino del servicio público de agua y alcantarillado durante los próximos 30 años, con posibilidad incluso de extenderse hasta 45. No es un simple contrato administrativo: es una determinación que impactará profundamente la dinámica económica y social del municipio.

El acceso al agua potable y al saneamiento básico no es un asunto menor; es un factor que incide en la salud de la gente, en la dignidad de los hogares y en las oportunidades de progreso de los barrios. Además, constituyen condiciones esenciales para un desarrollo urbano, industrial y comercial equilibrado y sostenible.

En consecuencia, lo que está en juego no es solo un operador, sino la visión de desarrollo que orientará el crecimiento y la calidad de vida de Soledad en las próximas décadas.

Avances innegables, brechas persistentes

Es cierto que Soledad ha registrado avances importantes en la prestación del servicio de agua potable. Con una cobertura que oscila entre el 85 % y el 87 %, una continuidad promedio de 18 horas diarias y un índice de calidad del agua apto para el consumo humano, los indicadores actuales superan ampliamente los registrados hace 25 años. En materia de alcantarillado, el panorama, aunque gris, también muestra mejoras frente a comienzos del presente siglo.

No obstante, desde la política pública el balance debe ir más allá de la comparación histórica. Una cobertura cercana al 75 % en alcantarillado evidencia una brecha estructural que afecta la universalización, la equidad territorial y la sostenibilidad urbana. Cerca de 40 mil hogares Soledeños siguen fuera del sistema formal, con impactos en la salud pública y el ambiente, y con claras limitaciones en la priorización de inversiones y la expansión de la infraestructura.

El desafío no es únicamente mejorar indicadores, sino cerrar brechas con metas claras, financiamiento sostenible y una gestión que articule crecimiento urbano, expansión de redes y economía social. Allí es donde verdaderamente se mide la eficacia del modelo adoptado.

Más allá del operador: el modelo institucional

En medio de las prórrogas que ya completan cuatro años adicionales del actual concesionario, han surgido controversias relacionadas con la capacidad del sistema, la titularidad sobre un mercado de cerca de 175.000 usuarios, la reversión de activos y otros aspectos contractuales sensibles. Paralelamente, se han anunciado inversiones para reposición y ampliación de redes, especialmente en sectores de crecimiento informal, y que aún padecen la ausencia del servicio de alcantarillado.

Todo esto es legítimamente inquietante. Sin embargo, la discusión pública no puede agotarse en el dilema de si conviene un nuevo operador o si debe mantenerse —con ajustes— la actual concesión. El verdadero núcleo del debate es mucho más profundo: definir el modelo institucional y empresarial que garantizará la prestación del servicio de agua y alcantarillado durante los próximos 30 años.

Soledad, teniendo en cuenta que en Colombia el servicio de agua es prestado en un 47,7% por operadores privados y en un 11,4% por empresas de economía mixta, debe tomar una decisión de fondo. Puede optar por un esquema societario de participación mixta —con presencia del municipio y capital privado— o por un modelo plenamente privado. En cualquiera de los casos, lo esencial será asegurar mecanismos claros que permitan al municipio participar de las rentas o beneficios económicos derivados de la operación, garantizando al mismo tiempo eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad pública.

Estándares modernos y metas concretas

El modelo que se adopte debe ajustarse a los estándares actuales: construir una planta de tratamiento de aguas residuales, consolidar un acueducto autosuficiente para todo el municipio y priorizar el empleo local. Además, garantizar tarifas justas, impulsar un plan de choque que acerque la cobertura al 100 % en agua y alcantarillado, y acelerar la reposición de redes para reducir las pérdidas técnicas, hoy entre el 30 % y el 40 %, que afectan la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema.

Tiempo y rigor para consolidar el modelo de agua

El primer llamado es garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de agua y alcantarillado, evitando cualquier riesgo de colapso con graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas. La transición a un nuevo esquema debe hacerse sin improvisaciones, con participación de los actores Soledeños y articulación con instancias nacionales como el Viceministerio de agua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Hoy contamos con una ventaja real: la posibilidad de una extensión contractual viable y razonable con la Triple A, que otorgue el tiempo necesario para diseñar y consolidar, sin improvisaciones ni afanes riesgosos, un modelo de operación sólido —sea privado o mixto—, técnicamente estructurado, socialmente legitimado, sin incrementos en las tarifas, sin deterioro en la calidad del servicio y con una transición ordenada.

Una decisión estructural para el futuro de la ciudad

Finalmente, conviene tener claro que lo que está en juego no es simplemente un contrato administrativo, sino la arquitectura institucional del servicio público más esencial para la vida, la salud y el desarrollo de Soledad. Adoptar una decisión con visión de largo plazo, transparencia y rigor técnico no es una alternativa política más: es una responsabilidad histórica frente a la ciudad y a las próximas generaciones Soledeñas.